Exponen estado de la defensa de derechos humanos en la región

Édgar Velasco 

Aumento de la macrocriminalidad; un modelo económico capitalista que privilegia el extractivismo y el despojo, apuntalado por grupos del crimen organizado, de la iniciativa privada y de gobiernos; incremento de una violencia generalizada, pero sobre todo en contra de las mujeres; proliferación de campos de reclutamiento forzado para grupos delincuenciales. Estos son algunos de los patrones que tienen en común los estados de esta zona del país y que fueron expuestos durante el foro público “El derecho a defender derechos humanos en la región Occidente: retos y desafíos”, que tuvo como sede las instalaciones del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ), del ITESO.

La reunión fue encabezada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), que articula los trabajos de 87 colectivos en 23 estados del país. En el caso de la región occidente, convocada a la reunión que tuvo lugar los días 22 y 23 de octubre en las instalaciones del CUDJ, se integra con nueve organizaciones de cinco estados.

Enrique González Araiza, director del centro, explicó que los trabajos de ambos días y el foro de cierre tenían por objetivo “reflexionar y analizar la situación que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en la región”. González, quien fungió como moderador del foro, también expresó: “Desde el CUDJ condenamos el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en Chiapas. Queremos honrar su vida y exigir verdad y justicia para que su voz no se apague por el silencio de la impunidad”. 

Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de Red TDT, dijo que desde este organismo reconocen el trabajo que realizan las organizaciones que defienden los derechos humanos, y agregó que hay “preocupación por el contexto de riesgo” que se vive en el país. En ese sentido, hizo un llamado para que organizaciones, colectivos y personas se acerquen a la Red para propiciar una articulación nacional. Añadió que “la agenda de derechos humanos no tiene peso ni lugar en la definición de políticas públicas”, por lo que hizo un llamado a las autoridades “para que las transformaciones se hagan a partir de un diálogo con las personas defensoras, con las y los periodistas, con las víctimas y la sociedad en general”. 

Después tomó la palabra María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), quien explicó que en la región occidente “hay patrones comunes de violaciones a los derechos humanos, que se interrelacionan y ocurren con la misma gravedad”. Enlistó tres: la macrocriminalidad, que se traduce en desapariciones, desplazamiento forzado y normalización de las violencias ejercidas por grupos criminales coludidos con gobiernos de los tres órdenes; un modelo económico capitalista y extractivista que genera despojo y disputas por el agua, los bosques y los minerales, y una violencia generalizada que, en el caso de la ejercida contra las mujeres, ha venido en aumento. Además hizo un llamado para seguir con atención la designación de la nueva persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues de la presente “el balance es deficiente, tenemos una CNDH que no nos defiende, tampoco la estatal”. 

Ángeles Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, de Guanajuato, expresó que en aquella entidad han aumentado crímenes como asesinatos dolosos y desaparición, además de que es el segundo estado del país en número de candidatas, candidatos y funcionarios públicos asesinados. “León es la ciudad más mortífera”, dijo y añadió que hay una disputa entre los cárteles Santa Rosa, La Unión, Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, a lo que se suma el acoso de la Guardia Nacional en contra de jóvenes “precarizados y racializados”. Todo esto, dijo, ha llevado a tener “una sociedad cansada y más organizada, sobre todo los movimientos feministas y las madres buscadoras”. 

Alejandra Ignacio Álvarez, de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, dijo que, además de la ya referida macrocriminalidad, también hay “falta de presencia de los cuerpos de seguridad, falta de acceso a la justicia y graves violaciones de derechos humanos”. También mencionó un aumento de personas en situación de movilidad humana, muchas de ellas a causa de desplazamiento forzado.  

“El caso de Colima no es diferente”, señaló María del Carmen García, del Comité de Derechos Humanos Colima No Gubernamental. La presencia de cárteles nacionales y locales durante más de 15 años ha generado inseguridad y violencia, detalló. “Hay una guerra de diferentes formatos”, mencionó y añadió que también son cotidianas la impunidad y la corrupción derivadas de “un sistema de justicia rebasado. La violencia es un negocio para las grandes empresas que se dividen las ganancias”.  

Carla Alvizo, del Centro de Mujeres de Baja California Sur, dijo que aquel estado, que fue acogido como parte de la región Occidente de Red TDT, no está exento de violencia, sobre todo contra las mujeres. Describió que los grupos religiosos, específicamente los evangélicos, han llegado a puestos de toma de decisiones “para manipular y afectar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, lo que ha llevado a que las organizaciones de la sociedad civil “hagan el trabajo que corresponde a las autoridades”. 

Las participaciones cerraron con la intervención de Anna Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien presentó una panorámica de lo que ocurre en Jalisco, estado en el que hay “una alerta por el incremento de la violencia y la inseguridad, a pesar de que se busca manipular la información por parte del gobernador”. La codirectora del Cepad recordó que Jalisco es el estado número uno en personas desaparecidas y en cuerpos exhumados de fosas clandestinas, y expresó el rechazo a la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, propuesta por el gobernador electo Pablo Lemus y para cuyo diseño no se consultó a colectivos y familiares que buscan a sus seres queridos. “Esto es evidencia de su insensibilización e ignorancia del tema”, dijo. 

También señaló el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas debido a las agresiones digitales y a la inversión millonaria realizada desde el gobierno del estado para la adquisición de software de espionaje y extracción digital de información. 

Luego de la ronda de participaciones de las y los asistentes, en la que se mencionó que los campos de reclutamiento forzado son otra situación común en los estados de la región, también se habló de esperanza. María González dijo que la defensa de los derechos humanos no sólo ocurre en el marco normativo. “Hay que fortalecer el poder popular, la organización comunitaria. El zapatismo inspira y motiva a encontrar otras alternativas y explorar otros procesos. Hay otros caminos, hay victorias, hay frutos”.